El Golpe de Estado de 1976 puso fin a la encarnizada lucha social que se había desatado con una fuerza inusitada desde 1969. Con todo el poder del Estado y la complicidad de buena parte de las corporaciones de la sociedad (empresarias, eclesiásticas, sindicales, etc.), las Fuerzas Armadas desataron una masiva y brutal represión contra organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales y numerosas personalidades de la sociedad argentina. El terror implementado se combinó con la práctica sistemática de la tortura, la desaparición de personas y la apropiación de menores.
Desarmadas las tradicionales organizaciones de la sociedad civil, cobraron protagonismo los organismos de derechos humanos, que se erigieron en defensores de las víctimas, enfrentando al terrorismo de Estado y exigiendo “aparición con vida” y “justicia y castigo”. Desarrollaron una variedad de tareas: la denuncia y protestas abiertas, la contención de víctimas y familiares, la difusión de la información sobre la magnitud de las violaciones, la organización de la solidaridad y la promoción del tema a nivel internacional, pero hasta la apertura democrática estas acciones no encontraron un impulso decisivo.
En 1983, comenzó la “transición democrática”, con un gobierno –el de Raúl Alfonsín- comprometido a encabezar la lucha por la “verdad” y la “justicia” y a no permitir la autoamnistía militar. Apenas asumido, entre otras medidas, creó mediante el decreto 187/83 la Comisión Nacional sobre las Desapariciones de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato. Poco después, se impulsó el juicio a los comandantes de las Fuerzas Armadas. El 20 de septiembre de 1984, la CONADEP entregó al presidente un informe de 50 mil carillas, donde se sostenía que la “dictadura había producido la más grande tragedia de nuestra historia”, demostrando la desaparición de al menos 10 mil personas.
Reproducimos a continuación un fragmento del prólogo del Nunca Más, nombre que recibió el informe elaborado por la CONADEP.
Fuente: Nunca Más, informe de la Comisión Nacional sobre las Desapariciones de Personas (CONADEP), Buenos Aires, EUDEBA, 1999.
Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.
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Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
