BERNARDO DE YRIGOYEN

Nacio en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1822, y era descendiente de una vieja familia porteña. Su apellido vasco de iri “villa” y goien, “extremidad”, “altura”, “en la parte superior”, se escribe con i inicial y no con y, pues es la grafía que consideran correcta los más autorizados especialistas. Fueron sus padres Fermín Francisco de Irigoyen, y María Loreto de Bustamante. Hizo sus estudios en la ciudad natal, y desde temprano reveló condiciones intelectuales excepcionales.

En 1843, a los 21 años, se graduó de doctor en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires, con una tesis titulada Disertación sobre la necesidad de reformar el actual sistema legislativo, siendo una de las primeras iniciativas encaminadas a sustituir la legislación española que todavía se aplicaba en el país. Poco después, practicó en el estudio del doctor Lorenzo Torres, uno de los más acreditados de la ciudad, e ingresó en la Academia de Jurisprudencia, de la cual llegó a ser prosecretario, por elección de sus miembros.

Comenzó la carrera diplomática con un cargo de oficial en la legación argentina en Santiago de Chile. Llevaba como misión principal la de promover negociaciones sobre las cuestiones de límites existentes entre ambos países, en la zona del estrecho de Magallanes, puntos debatidos sin llegar a ningún resultado concreto. Sin embargo, prestó importantes servicios, y desempeñó con corrección y eficacia sus funciones jurídicas y diplomáticas. Diversos testimonios de aquel entonces afirman que en Chile, el joven funcionario alternó intensa y cordialmente con los exiliados argentinos, muchos de los cuales le tuvieron un gran aprecio.

En 1846, al ser retirada la Legación Argentina, pasó a Mendoza donde tuvo una prolongada permanencia, contribuyendo espontáneamente a la defensa de la ciudad durante el gobierno de Alejandro Mallea. Prestó importantes servicios al detener el avance de la montonera rebelde, y su actitud mereció que el pueblo de Mendoza le tributara su aprecio y gratitud, despidiéndolo con un elocuente discurso Guillermo Rawson. Una resolución legislativa del 23 de marzo de 1850, lo declaró “ciudadano mendocino con los goces y preeminencias de natural del país, conforme a nuestras leyes provinciales”. Antes de su retiro, el gobernador Mallea le encargó la redacción de un informe sobre la reforma de la provincia, en sus diferentes ramas de gobierno, principalmente, de carácter administrativo y legislativo, que produjo resultados beneficiosos para las instituciones locales. Esos trabajos le señalaron como firme candidato para reemplazar al gobernador Mallea, siendo lanzada su candidatura en tal sentido, pero regresó a Buenos Aires como lo había solicitado.

En 1851, fue encargado de recopilar los antecedentes históricos sobre los cuales se basaría la defensa de los derechos argentinos respecto del estrecho de Magallanes, y de las reglas que debían utilizarse para regir la navegación en sus aguas, en concordancia con el Derecho Internacional. Asimismo, estudió los problemas pendientes con la Santa Sede sobre el derecho de patronato, y se le comisionó para efectuar el arreglo de una reclamación extranjera entablada por los herederos del ciudadano estadounidense Halsey. Pero estas tareas delicadas, fueron superadas porque su figura sobresalía como la de un ciudadano de relieve y de opinión influyente.

Derrocado Juan Manuel de Rosas, Urquiza lejos de desechar sus servicios le encomendó, el 28 de febrero de 1852, la misión de recorrer las provincias del interior del país, para llevar su mensaje e invitar a los reacios gobernadores y caudillos a contribuir a la organización nacional. A su capacidad y esfuerzo se debieron las primeras negociaciones que condujeron al Acuerdo de San Nicolás, antecedente fundamental de la Constitución de 1853.

Terminada con éxito su misión, a su regreso, cuando el director provisional de la Confederación había disuelto la Legislatura, formó parte durante poco tiempo, del Consejo de Estado, nombrado por Urquiza en 1852. Tuvo influencia personal en el gabinete, y entre otras importantes resoluciones, propuso la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y la confiscación de bienes por cualquier clase de delito. Luego declinó su candidatura a diputado, y la secretaría del Congreso Constituyente próximo a reunirse, que le ofreciera Urquiza, retirándose transitoriamente de la vida pública.

Al producirse la revolución del 1º de diciembre de 1852, encabezada por el general Hilario Lagos, pasó a Montevideo donde residió por algún tiempo. Se mantuvo alejado de la política hasta 1856, dedicado a negocios particulares de carácter comercial en campos y haciendas. Abrazó con éxito el ejercicio de su profesión y su bufete se convirtió en uno de los primeros de Buenos Aires. Fue abogado y consejero de una parte principal del comercio nacional y extranjero. Tuvo a su cargo una brillante defensa en una causa que trataba de la confiscación de unos armamentos dirigidos al Paraguay y de seis cargamentos de yerba mate salidos de aquella república después de la declaración de guerra de 1865.

En 1860, fue elegido convencional de la Asamblea convocada por la provincia de Buenos Aires para estudiar la reforma de la Constitución Nacional. Su mediación en los debates que se suscitaron entonces, revelaron su talento de hombre de elocuencia excepcional. Al año siguiente, declinó un ministerio nacional que le ofreció el presidente Derqui, como en 1866, la legación de Chile que quiso confiarle el presidente en ejercicio, doctor Marcos Paz. Entonces fue llamado a integrar como vocal la Junta de Crédito Público Nacional, en cuyo organismo desarrolló durante dos años una labor fecunda.

En 1869, a propuesta del Senado se le designó fiscal del Superior Tribunal de Justicia, puesto que rechazó por razones de índole privada. Poco después, debió ocupar las funciones de conjuez de la Corte Suprema para dirimir la divergencia planteada entre sus miembros sobre si las provincias debían comparecer ante la misma, decidiendo por la afirmativa.

Hacia 1870, Sarmiento lo designó procurador del Tesoro Nacional, y en su administración fue vicepresidente de la Exposición Nacional realizada en Córdoba. En ese mismo año, fue elegido diputado a la Legislatura de Buenos Aires, en la que tomó parte en las más importantes cuestiones debatidas, destacándose especialmente, en la discusión entablada con motivo del proyecto de ley suprimiendo la pena de muerte,.

Fue también vicepresidente del Crédito Público. En 1872, se le eligió senador por Buenos Aires, siendo nombrado poco después vicepresidente de ese alto cuerpo. Actuó además, como miembro de la Convención reformadora encargada de revisar la Constitución bonaerense. Integró la comisión redactora del sistema municipal, pronunciando en la Cámara magistrales discursos, que acentuaron su prestigio de parlamentario avezado.

Monumento al Dr. Bernardo de Irigoyen, Plaza Rodríguez Peña, Buenos Aires

Ocupó una banca en el Congreso de la Nación en 1873, y participó de los debates que dieron lugar la ley electoral. En ese año, fue miembro del Consejo de Instrucción Pública provincial. En 1874, rechazó el ofrecimiento que le hizo el doctor Nicolás Avellaneda de la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mismo que la Legación en Río de Janeiro, retirándose de la política. Al año siguiente, la Cámara de Diputados lo eligió por unanimidad de votos, su presidente, y entonces fue, cuando cediendo a la insistencia de hombres como Leandro N. Alem, Nicolás Avellaneda, Adolfo Alsina, Carlos Pellegrini y Aristóbulo del Valle, aceptó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, en momentos en que el país atravesaba por una situación delicada respecto de varios países limítrofes.

Bernardo de Irigoyen supo imponerse a las dificultades, justificando plenamente la elección que había recaído en su persona. En 1876, hubo de actuar en un conflicto suscitado por la intervención que el gobierno de Santa Fe tomó contra la sucursal local del Banco de Londres. En esa oportunidad, fue receptor de una amenaza inaudita que provino del abogado del Banco de Londres, Manuel Quintana, quien le previno en nombre de su Majestad Británica, que para hacer respetar los derechos del banco una cañonera inglesa había salido hacia Rosario. Aunque esto haya sido no más que un grave exceso emotivo, ya que la amenaza no se concretó ante la altiva protesta de Irigoyen, lo importante fue la doctrina que esbozó en su trabajo: La Soberanía nacional y la protección diplomática de las acciones al portador, el cambio de cartas que se produjo entre él y el encargado de negocios inglés. A la presentación de éste, en el sentido de que el gobierno nacional debía intervenir ante la provincia a los fines de que cesara en su accionar sobre el Banco, el canciller argentino respondió negativamente sosteniendo que las sociedades anónimas carecían de nacionalidad, y no les correspondía, en modo alguno, la protección diplomática. En ese año, negoció con éxito los tratados de paz y límites con el Paraguay y el Brasil, que resolvieron múltiples cuestiones emergentes de la terminación de la guerra de la Triple Alianza. Inició también las negociaciones con Chile por las cuestiones de límites que se hallaban pendientes por aquel Estado y después de largas y difíciles gestiones, logró sentar las bases de un tratado preliminar de los plenipotenciarios que fue firmado en Buenos Aires, el 18 de enero de 1878, por Diego Barros Arana y Rufino de Elizalde.

Al reorganizare el gobierno en 1877, el doctor Irigoyen ocupó el ministerio del Interior, desenvolviendo una política constructiva en beneficio del país. Cuando abandonó ese alto cargo, fue elegido vicepresidente en 1878, del Comité Patriótico, organizado para sostener los derechos de la República en la cuestión de límites con Chile. Con tal motivo, presidió una gran conferencia pública efectuada en el Teatro Colón, el 25 de mayo de 1879.

Al verse la posibilidad de producirse un gran conflicto en 1880, con el Uruguay, el presidente Avellaneda, lo designó ministro plenipotenciario y enviado extraordinario ante el gobierno de Montevideo, logrando pleno éxito en sus gestiones. En ese mismo año, no quiso aceptar la candidatura que le fue ofrecida para la Presidencia de la República. Nuevamente fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en el gobierno del general Roca, y a su talento diplomático se debió que se conjurase un conflicto armado con Chile, por cuestiones limítrofes. En 1881, llevó a feliz término la vieja cuestión con ese país, al firmarse el tratado fundamental de límites sobre las bases que propusiera cinco años antes. Expuso con brillo y resonancia los principios del Derecho público americano que actualmente han sido reconocidos por la doctrina uniformemente. Resuelta la cuestión chilena, en 1882, el presidente Roca lo nombró ministro del Interior, en cuyo cargo realizó obras de interés público.

En 1885, se decidió finalmente a dejarse proclamar candidato popular a la primera magistratura del país, Renunció como ministro, y se dedicó enteramente a la campaña electoral por el Partido Autonomista. El general Roca impuso en las elecciones a su candidato, el doctor Miguel Juárez Celman. Irigoyen entonces, se retiró de toda actividad pública, en 1886.

Se lo consideraba definitivamente alejado de la vida pública, cuando resultó que el viejo estadista compartía los ideales de la nueva generación revolucionaria. En 1889, prestó su apoyo moral a la organización de la Unión Cívica.

Estuvo en la rebelión de 1890, y después de la caída de Juárez Celman perteneció a la junta consultiva de la Unión Cívica. En 1891, la convención de este movimiento político, reunida en Rosario, proclamó la fórmula presidencial Mitre-Irigoyen, para el período 1892-1898. Pero el general Mitre llegó a una transacción con el general Roca, y entonces –frente al cisma producido dentro del movimiento cívico- Irigoyen se declaró contra la política de los acuerdo, y pasó a las filas del naciente radicalismo.

En 1892, la Convención de la Unión Cívica Radical que acababa de separarse de la Unión Cívica, votó su candidatura a la Presidencia de la República por aquel partido. Al año siguiente, el presidente Sáenz Peña lo desterró a Montevideo.

Representó a la nueva fracción en el Senado de la Nación, y en 1894, desde su banca de senador interpeló al ministro del Interior, doctor Quintana, con un discurso magnífico por su estilo y de alta significación por su trascendencia nacional. Tratábase en aquel entonces, de la imposición del estado de sitio en ciertas partes del territorio argentino, así como la intervención federal en algunas provincias, medidas arbitrarias de acuerdo con el sentir del estadista. La interpelación dio por resultado la crisis de gabinete, formulando la minuta de amnistía, que provocó la renuncia del presidente Sáenz Peña.

Desempeñó la senaduría hasta 1898, en que resultó electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuyos destinos rigió hasta 1902, y su gestión mereció general aprobación. En 1899, formo parte de la Junta de Notables, argentinos y chilenos, nombrada para solucionar las diferencias sobrevinientes.

Al término de su período de gobierno, en 1902, fue elegido senador nacional por la provincia de Buenos Aires, tomando parte en los principales debates. Se recuerda aquél donde interpeló al entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Manuel Augusto Montes de Oca, en cuya ocasión no se supo qué admirar más, si la sabiduría o su experiencia, o el respeto y la pericia con que el joven canciller, cincuenta años menor, contestó a su eminente antagonista Retuvo la banca senatorial hasta el momento de su muerte.

En su larga vida recibió distinciones de importancia, como la de académico titular y luego honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, académico honorario de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro honorario de la Academia Internacional de Ciencias Industriales, de Madrid, y de otras instituciones científicas y sociales. Fue Caballero Gran Cruz de la Real Orden Española de Isabel la Católica; Gran Cruz de la Orden Imperial de la Rosa, del Brasil; y Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro.

La desaparición del ilustre estadista ocurrió en Buenos Aires, el 27 de diciembre de 1906, a los 84 años de edad, ocasionando su deceso un verdadero luto nacional. Se había casado con Carmen de Olascoaga.

El diario “La Prensa” estampó en sus columnas que “La República acaba de perder a uno de sus hijos más eminentes, a uno de sus ciudadanos más virtuosos, a uno de sus servidores más leales”. Otro prestigioso periódico, “La Nación”, dijo que “Don Bernardo de Irigoyen fue uno de los grandes señores de la República”, y en otra oportunidad, agregó que fue “el señorial representante de la cultura porteña, el carácter más blando, más suave y más accesible de nuestro escenario político”.

Los poderes públicos de la Nación y de las provincias le decretaron los más altos honores. En el acto del sepelio hablaron para despedir sus restos, el ministro del Interior, doctor Manuel A. Montes de Oca, en nombre del gobierno Nacional; el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, doctor Emilio Carranza; el presidente del Senado, Benito Villanueva; el doctor Adolfo Saldías, por la Cámara de Diputados; el ministro de Instrucción Pública, doctor Federico Pinedo, y el doctor Francisco A. Barroetaveña.

El Congreso de la Nación sancionó la erección de su monumento en nuestra ciudad, como gran ciudadano de la República, siendo inaugurado en la esquina de Callao y Paraguay, en la plaza Rodríguez Peña, el 27 de diciembre de 1933, obra del escultor Mariano Beulliure. En ese acto pronunciaron discursos, los doctores Vicente C. Gallo, Mariano de Vedia y Mitre y Leopoldo Melo. Una calle de la ciudad y una escuela llevan su nombre.

Bernardo de Irigoyen fue una figura representativa y consular en los tiempos de la organización nacional, y durante las décadas que le siguieron. Su larga y activa vida abarcó diversas etapas dentro de la historia argentina, en todas las cuales desempeñó un papel de hombre de confianza y de consejo, de intermediario hábil y de negociador de dones sobresalientes. Mantuvo siempre una limpia línea de conducta personal y un concepto elevado de sus funciones como servidor del Estado y como ciudadano.

Acerca de su personalidad pronunciaron juicios altamente elogiosos hombres de ideas y tendencias tan encontradas como Urquiza, Sarmiento, Rawson, Pellegrini, Avellaneda y Roca. Era de estatura mediana, de semblante pálido, ojos serenos, labios delgados, y en su cara lucían patillas de gentilhombre inglés.

Escribió alrededor de cuarenta trabajos, entre defensas, informes, discursos, etc., que se publicaron en forma de folletos y libros. En otro orden sobresalen, un breve ensayo sobre Recuerdo del general San Martín, en el “Archivo Americano” (1951), reproducido después en “La Revista de Buenos Aires” (1863); Recuerdos de don Bernardo Monteagudo; Delfín Gallo, Apuntes Biográficos (1890); Colonización e Inmigración en la República (1891). En uno de sus escritos utilizó el seudónimo de “Unos Argentinos”